El Reglamento de Protección de datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD) resultan de plena aplicación a toda actividad comercial o empresarial llevada a cabo por cualquier persona ya sea física o jurídica en el entorno de la Unión Europea, siempre que en el curso de la misma se realice el tratamiento de datos personales. Esta afirmación tiene sus matices y requisitos, pero resulta tan sumamente abierta que podemos decir que en el entorno de la actividad de un autónomo o pyme en nuestro país, todos estaremos obligados a cumplir con dicha normativa y adaptar nuestra actividad a los requisitos y garantías que prevén en defensa de los intereses de los particulares.

En este sentido el propio RGPD define en su artículo cuarto lo que deberemos entender como un dato personal, calificándolo como “toda información sobre una persona física identificada o identificable (el interesado); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”.

Así vemos que en el más elemental de los supuestos en que desarrollemos nuestra actividad empresarial o profesional, tendremos que tratar datos básicos de identificación de personas físicas como clientes, trabajadores, proveedores, etc., como puede ser su nombre y apellidos, su número de teléfono o dirección, por no hablar ya de datos bancarios, médicos, genéticos o biométricos dependiendo del tipo de actividad que desarrollemos y los datos que nos veamos obligados a tratar.